¿Los príncipes belgas no pueden casarse con las princesas holandesas? Esta inquietud se expandió en los últimos años, después de que la prensa sensacionalista hablara de una relación sentimental entre la princesa heredera de los Países Bajos, Catalina-Amalia, con el príncipe Gabriel de Bélgica.
Las noticias aseguraban que existía una ley en Bélgica que prohibía que los príncipes y princesas de este país se casaran con miembros de la Casa de Orange, lo cual impediría una boda entre Catalina y Gabriel.
La verdad es que tras la declaración de independencia de Bélgica en 1830, el Congreso, que luego adoptó la Constitución belga, aprobó decretos que redujeron las restricciones a la libertad imouestas por el reinado de Guillermo I de Holanda.
Uno de ellos se centró en el enemigo de entonces: el Decreto nº 5 del 24 de noviembre de 1830 estableció que “los miembros de la Casa de Orange-Nassau están excluidos para siempre de todo poder o autoridad en Bélgica”.
En otras palabras: los miembros de la casa real neerlandesa no pueden ocupar funciones gubernamentales, cargos políticos o monárquicas (como soberanos o regentes).
En las últimas décadas, fueron muchos los políticos que intentaron abolir esta ley belga, por considerarla discriminatoria: “A la luz del derecho internacional, una ley que se aplica solo a una sola familia nombrada es altamente discutible”, dijo el partido Open Vld, que propuso su abolición en dos ocasiones desde 2003.
Los expertos están divididos: algunos dicen que no prohíbe las bodas entre las dos familias reales mientras otros creen que sí porque “se refiere a todas las formas de poder”.
“Esta ley es una violación de las reglas de libre circulación y la Convención Europea de Derechos Humanos, entre otras cosas. Sobre todo porque es tan amplio: se refiere a todas las formas de poder”, dijo el profesor de derecho contra la discriminación Jogchum Vrielink, de la Universidad Saint Louis de Bruselas.
Los expertos dicen que abolirla sería un proceso difícil, ya que un dictamen del Consejo de Estado de 1993 mostró que tiene rango constitucional y, por lo tanto, solo puede ser derogado mediante la reforma de la Constitución.
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