Pilar Eyre, una de las periodistas que más información maneja sobre la Corona española, informó que el ex rey de España se encontraba en delicado de salud.
Fuentes de la Casa del Rey aseguraron que las informaciones aparecidas en las últimas horas respecto a un deterioro en la salud del rey emérito Juan Carlos “no tienen ningún fundamento”.
Unas horas antes, la periodista y biógrafa real Pilar Eyre había afirmado que el rey emérito, de 83 años, “está en estado grave y la Casa Real valora la posibilidad de su traslado a España”.
La periodista, que fue finalista del Premio Planeta 2014 y cuyo último libro se titula Yo, el rey también señaló que “sus hijas Elena y Cristina han sido, de momento, los únicos miembros de su familia que se han desplazado a Abu Dabi”.
Durante el fin de semana, el diario El Español también aseguró que el estado de salud del Rey emérito “habría empeorado en las últimas semanas”.
Sin embargo, otros periodistas que cubren la Casa Real desmienten esta información. Carlos Herrera de la radio Cope aseguró que “será otro rey porque con el que yo he hablado esta madrugada, se encuentra bien”.
“Extraordinariamente bien”
Juan Carlos, rey emérito de España.
“Yo he hablado esta mañana y está extraordinariamente bien de salud. He contactado con él para saber si su Majestad estaba enfermo y él mismo me ha dicho que estaba como un oso”, señaló Herrera.
“La voz exultante que yo he escuchado no era la de un enfermo terminal o la de un enfermo encerrado en un hospital o en la UCI. La propia Casa Real ha contactado para saber si esto era así”, agregó.
A principios de enero salió a la luz una foto en la que se le veía caminando con la ayuda de dos escoltas, lo que generó especulaciones sobre un deterioro en su estado de salud.
Su salida de España vino precedida de la decisión de Felipe VI de retirarle su asignación personal como miembro de la Familia Real el 15 de marzo, cuando también anunció que había renunciado a cualquier posible herencia que le pudiera dejar su padre cuyo origen pudiera “no estar en consonancia con la legalidad”.
El diputado de Unidas Podemos en el Congreso español, Enrique Santiago, asegura que el Gobierno de Pedro Sánchez “defiende la retirada” del título de Rey a don Juan Carlos de Borbón. El político hizo incapié en que “la figura jurídica de ‘rey emérito‘ no existe”, sino que es un “título honorífico” que el gobierno de Mariano Rajoy le concedió tras su abdicación.
“La Constitución no dice nada de esta figura, si se concede un titulo honorífico por un gobierno, también un gobierno puede retirarlo y nuestro Gobierno defiende su retirada”, dijo el legislador, contradiciendo unas recientes declaraciones de la vicepresidenta Carmen Calvo.
Concretamente, el 13 de enero la número dos del Gobierno descartó que se esté planteando retirar el título a Juan Carlos I, tal y como ya había dejado por escrito el Gobierno también en una respuesta parlamentaria al senador del partido Compromís, Carles Mulet.
Según Calvo, el rey Juan Carlos, de 83 años y quien abdicó al trono en julio de 2014, “ya no tiene actividad pública ni vive con recursos públicos”; es decir, que ese título “ya no conlleva ninguna retribución ni obligación”.
Pero, según Santiago, Juan Carlos I, además de ser investigado por la Justicia y por el Congreso, debe ser despojado de esa distinción que, ha subrayado, “sonroja” a la opinión pública española y “provoca estupefacción” fuera de nuestras fronteras.
Tras incidir en que sobre él recae un “especial imperativo de ejemplaridad”, Santiago reiterado que Juan Carlos de Borbón “no puede ser legalmente sufragado en su vida por Patrimonio Nacional”. “Eso no es legal, que lo haga con sus propios recursos personales, que parece que son abundantes”, remarcó.
Días atrás, Calvo defendió que Juan Carlos I mantenga a su servicio varios asistentes a cargo de las cuentas públicas en su estadía en los Emiratos Árabes Unidos, al igual que ocurre, dijo, con “cualquier ex jefe de Estado en cualquier país del mundo”, incluidos los cuatro expresidentes españoles vivos.
Carlos Jiménez Villarejo, jurista y exfiscal Anticorrupción, hombre clave en el proceso que destapó los presuntos actos de corrupción del ex rey de España, don Juan Carlos I, pidió investigarlo aún “más a fondo” porque “la monarquía está en proceso de degradación”.
“Hay una causa abierta y tras la regularización fiscal del emérito creo que tiene que asumirse alguna decisión importante”, afirmó.
“Hay que investigar a fondo todas las conductas sospechosas que rodean a Juan Carlos I”, afirmó y agregó: “Recientemente he escrito un artículo en el que comparo el ingreso mínimo vital anual que le corresponde a una pareja: son siete mil euros. Comparemos esa cantidad con el importe que ha pagado el emérito en su regularización fiscal, casi 700.000 euros. Esto ya es suficiente para generar indignación”.
“En este caso hay una causa abierta en el Supremo, acaba de abonarse una fianza de 12.000 euros por la acusación popular y, tras el conocimiento de la regularización fiscal, creo tiene que asumirse alguna decisión importante”, dijo el jurista en entrevista con eldiario.es.
Villarejo dijo que le sorprende que aún “no se haya abierto una causa penal” contra Juan Carlos de Borbón, el monarca emérito de 82 años. “Habría que ver en qué condiciones llegó ese dinero, si fue en término de donación o de naturaleza lucrativa. Hay muchos temas por aclarar y está en cuestión la monarquía, no porque esté afectado Felipe VI, sino porque es el sucesor”, afirmó.
Las finanzas de Juan Carlos I, quien en agosto se fue a Emiratos Árabes Unidos tras multiplicarse las sospechas de que mantiene una fortuna oculta en el extranjero, están siendo investigadas en otros dos casos por la fiscalía anticorrupción.
El primero es para saber si el entonces monarca cobró una comisión por la adjudicación a un consorcio de empresas españolas en 2011 de un contrato de un tren de alta velocidad en Arabia Saudita, y el otro es sobre un presunto blanqueo de capitales, ligado, según la prensa española, a una estructura opaca con millones de euros radicada en la isla británica de Jersey.
La tercera investigación es por el supuesto uso de tarjetas de crédito vinculadas a cuentas bancarias a nombre de terceros con fondos de origen desconocido, lo que podría constituir un posible delito de blanqueo. El monarca podría ser procesado por esta causa, ya que el movimiento de fondos y el uso de estas tarjetas se produjeron después de su abdicación en junio de 2014, cuando perdió la inmunidad que tenía como jefe de Estado.
Activistas de la ONG Òmnium Cultural y el colectivo ciudadano Mujeres X la República esperan que “un veredicto suizo presione a las autoridades españolas” para someter al rey emérito a un proceso judicial.
Un grupo de activistas antimonárquicos españoles está presionando a Suiza para que lleve ante la justicia al rey emérito Juan Carlos I de España. El exmonarca es sospechoso de corrupción, blanqueo de capitales y evasión fiscal y la presencia de cuentas bancarias en Suiza llevó al fiscal de Ginebra a investigarlo.
Los activistas de la ONG Òmnium Cultural y el colectivo ciudadano Mujeres X la República “se muestran cautelosos con el sistema legal de su país y esperan que un veredicto suizo presione a las autoridades españolas para que investiguen más sospechas de corrupción dentro de la familia real”, informó SWISSINFO.
En septiembre, Mujeres X la República envió a la embajadora de Suiza en España, así como a los parlamentarios suizos y a los medios de comunicación una carta abierta dirigida a la Fiscalía de Ginebra. En la misiva, firmada por alrededor de un centenar de personas, los activistas escriben que solo Suiza puede juzgar al ex rey de forma independiente y justa, porque los tribunales españoles han hecho la vista gorda durante años ante la actuación de Juan Carlos.
La organización Òmnium Cultural va más allá: reclaman el bloqueo de las cuentas bancarias en Suiza Juan Carlos. Las autoridades se negaron a acceder a esta solicitud por considerar que no se cumplen las condiciones específicas que permiten el bloqueo de activos de origen ilícito de personas políticamente expuestas en el exterior.
En septiembre, el parlamentario suizo Christian Dandrès interpuso una interpelación para obtener del gobierno de su país aclaraciones sobre el patrimonio de Juan Carlos. El representante electo quisiera saber “qué medidas ha tomado el Consejo Federal para asegurar el cumplimiento del marco legal y la devolución de los activos ilícitos”.
“No he estado en contacto directo con Òmnium Cultural”, explica Christian Dandrès. Pero trabajó con activistas contra el lavado de dinero en Ginebra que estaban en contacto con la ONG. Afirma, sin embargo, que no teme ser manipulado, ya que “la cuestión concierne a Suiza, aunque tenga una dimensión internacional”.
Mujeres X la República espera que Juan Carlos de Borbón, de 82 años, sea sentenciado en Suiza, lo que creen allanaría el camino a las investigaciones de otras sospechas de corrupción en relación con la familia real dentro de España, explicó Cristina Ridruejo, integrante del colectivo. “Los tribunales españoles han demostrado en numerosas ocasiones que miran hacia otro lado cuando se trata de posibles delitos cometidos por el rey. Por eso necesitamos ayuda de otros países”, dijo.
Según el activista, una de las razones por las que los tribunales españoles no pueden juzgar al rey de forma imparcial e independiente es la presunta falta de separación de poderes. Òmnium Cultural también considera que la justicia española está mostrando parcialidad: “Creemos que España nunca juzgará a la familia real de forma independiente, porque eso significaría admitir que el país lleva 40 años gobernado por un corrupto”, dijo uno de los portavoces de la ONG.
Pero a pesar de la información facilitada por Suiza y de la apertura de una investigación en Ginebra, los tribunales españoles hasta ahora se negaron a iniciar un proceso contra Juan Carlos, figura todavía altamente respetada en España por su labor en la Transición de la dictadura a la democracia.
Por otra parte, la legislación vigente garantiza al rey una amplia inmunidad que, según el Tribunal Supremo español, también incluye los actos privados realizados durante su mandato. Posición que contrasta con el derecho internacional, donde la inmunidad está garantizada solo para actos oficiales. “Por eso creemos que un país como Suiza podrá juzgar mejor este asunto a distancia”, explicó el portavoz.
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